(Foto: Getty Images) Más de 600 reportes de consumidores por «incrementos indebidos» a los precios de gasolinas ha recibido la oficina del fiscal general de Carolina del Norte, EE.UU.
La oficina del fiscal general de Carolina del Norte, Roy Cooper, informó el lunes que ha recibido unos 600 reportes de consumidores sobre incrementos indebidos a los precios de las gasolinas, y que ha emitido dos citaciones judiciales por especulación de precios a raíz de la escasez de combustibles generada por la rotura de un oleoducto en Alabama.
“Una crisis es el momento equivocado para tratar de obtener dinero rápido de los consumidores”, declaró Cooper en un comunicado. “Familias y negocios a través de todo el estado están siendo exprimidos por esta súbita escasez de gasolina y ellos merecen precios justos”, añadió.
Cooper informó que emitió citaciones judiciales contra una gasolinera y un vendedor mayorista de combustible, ambos en el condado Guilford, por presuntamente especular con los precios irregularmente a raíz de la crisis.
La estación de gasolina, según la oficina del fiscal general, supuestamente cobró a los consumidores hasta $4.50 por galón de gasolina.
Las citaciones requieren a los acusados proveer documentación a la oficina del fiscal general sobre sus costos y precios.
Las citaciones fueron emitidas el lunes, según indicó Cooper, luego que la División de Protección del Consumidor recibiera desde el viernes pasado alrededor de 600 reportes sobre posible especulación de precios de las gasolinas a través de Carolina del Norte.
La especulación de precios o el cobro excesivo por productos o servicios en situaciones de crisis viola una ley estatal que entra en efecto cuando ocurre un desastre, una emergencia o una interrupción anormal en el mercado de bienes y servicios.
El pasado viernes, dicha ley entró en efecto luego que el gobernador Pat McCrory declarara el estado de emergencia debido a la rotura de un oleoducto que distribuye combustible a Carolina del Norte y otros cuatro estados de la región sureste del país.
La oficina del fiscal general del estado instó a los consumidores a reportar cualquier caso de posible especulación de precios de los combustibles mientras dure la declaratoria de emergencia.
Los reportes se pueden hacer en español o inglés a través de la página web ncdoj.gov o por teléfono llamando a la central gratuita 1-877-5-NO-SCAM o a la línea en español (919) 716-0058.
Los consumidores deben proveer todos los detalles, incluyendo recibos de pago o fotografías de los precios listados en las gasolineras.
OPECU Prensa – 20.SET.16
Fuente: mundohispanico.com
Foto: Getty Images
Nota de Redacción.- La especulación de precios, la sobrevaluación, el pago excesivo que se exige pagar a los consumidores por bienes o servicios, no solo vulneran su derecho a la debida protección de sus intereses económicos, sino también defraudan su confianza en el mercado, en el Estado y sus autoridades que les permiten a los infractores actuar de manera impune y obtener ilegales ganancias. Este actual caso en Carolina del Norte, nos recordó cuando a raíz de la rotura del ducto de Camisea en abril/mayo 2015 se especuló con los precios del Gas Licuado de Petróleo (GLP) en nuestro país, y se elevaron de manera abusiva los precios de venta al público del GLP de uso automotriz y del Balón de Gas de 10 kilos o también conocido como Balón Doméstico que afectaron la econonomía familiar, algunos meses. El Opecu emplazó al Osinergmin, al Minem y al Indecopi para que investigaran (pues hacerla está entre sus funciones) y determinaran las responsabilidades y sanciones a que hubieran lugar y hasta la fecha, públicamente, se desconocen los resultados, es decir pareciera que es más de lo siempre en nuestro amado y querido Perú: «mucho ruido, pocas nueces».
El Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (OPECU) tiene un compromiso de honor y lealtad en el cumplimiento de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios en el país, y valga esta oportunidad para renovarlo como también para comunicarles «que nada de lo que dijimos e hicimos en defensa de la protección de sus intereses económicos va a quedar en palabras, adoptaremos los mecanismos y acciones legales que se requieran en los ámbitos que faculta la ley peruana para hacer respetar los derechos del consumidor, y aquellos que cometieron abusos en las transacciones comerciales responderán por el empleo de malas prácticas e inconductas de manifiesto en las relaciones de consumo».
