La gran demanda nacional del 24 de julio exigiendo terminar con el sistema de AFP puso el tema en el tapete de la discusión. Ya ello constituyó un éxito dado que el ministro Valdés pocos días antes había señalado que esta temática, como la de las isapres, no experimentaría modificaciones de importancia durante el actual gobierno por carencia de recursos y no existir “piso político”. Terminar con el sistema de AFP no genera gasto público y el “piso político” se obtendría si las transformaciones necesarias se hacen recogiendo el sentir ciudadano. Desde luego produce resistencias de quienes han convertido este sistema en una fuente de beneficios gigantescos, al tener a su disposición un mecanismo de ahorro obligatorio que crece todos los meses, otorgando escandalosos beneficios directos e indirectos. La respuesta del Ejecutivo a la movilización fue muy pobre desde un primer momento. No aludió a la demanda central, reiteró la idea de una AFP estatal en los marcos del mecanismo existentes y “establecer una hoja de ruta” en un escenario a darse después de finalizada la actual administración. La pobreza de la respuesta condujo a hablar después de una agenda corta, seguramente más centrada en los mecanismos de solidaridad, entre los cuales hay un par de reivindicaciones que es imposible entender por qué hasta ahora no se han implementado, como incrementar los beneficios provenientes de la Previsión Básica Solidaria y las del Aporte Previsional Solidario que constituyeron un gran paso en la anterior administración de Michelle Bachelet, salvo que se analicen bajo la óptica del ajuste fiscal del ministro de Hacienda. Finalmente, la presidenta explicitó que se iría “muy poco más allá” de la AFP estatal y sostuvo que “nunca más podremos volver a un sistema como el de reparto”, afirmaciones que fueron inmediatamente valoradas por el presidente de la Asociación de AFP y fuertemente criticada por el movimiento No + AFP.
El 24 de julio se escuchó una vigorosa demanda a través de todo lo largo del territorio nacional: No más AFP. Para no pocos constituyó una sorpresa, pero esta exigencia proviene de una dura experiencia vivida con el sistema creado en los años de dictadura, cuando se estableció un mecanismo de ahorro obligatorio, que colocó estos recursos bajo la administración de un puñado de empresas, en la actualidad mayoritariamente de capitales extranjeros. El descontento se expresa en un abanico muy amplio de temas, que van desde el uso de estos recursos por parte de una minoría hasta la baja tasa de reemplazo, muy lejos de lo prometido. Es útil recordar las palabras de José Piñera, al anunciar en noviembre de 1980, en los años de dictadura, su creación. “Todo trabajador dependiente –proclamó- deberá entregar mensualmente un 10% de su remuneración para incrementar su fondo individual (…) la cifra de 10% -sentenció- permitirá a un trabajador obtener una pensión cercana a sus últimas remuneraciones” (07/11/80).
La Comisión Previsional creada por la Presidenta concluyó que se produjo un “sistemático engaño” sobre el nivel de la tasa de reemplazo, que alcanza apenas al 34% de las últimas remuneraciones. En cambio, los fondos ahorrados al 30 de junio por millones de imponentes del sistema son de US$167.836 millones, generando un promedio de jubilación inferior al salario mínimo. Este monto equivale a casi un 70% del PIB chileno. El 24 de julio se manifestó este descontento acumulado, que es de esperar siga creciendo, que ya se constataba en el programa de gobierno, donde se reconoció la existencia de “un importante descontento respecto de la calidad de las pensiones. Sin embargo, para el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, “es un tema nuevo que la ciudadanía ha puesto sobre la mesa (…) no podemos ser ciegos en eso –agregó- y por lo tanto tenemos que ver como reacciona el Gobierno (…)” (02/08/16).
Lamentablemente, la reacción del Ejecutivo frente a una exigencia muy clara, no más AFP, se hizo dejando desde el primero momento de lado el tema de fondo. “Nosotros queremos avanzar –expresó el vocero de gobierno, Marcelo Díaz– y dejar despachado en este gobierno el proyecto de ley que crea la AFP (estatal), pero también la hoja de ruta que nos permita abordar el desafío de fondo en materia de pensiones. (…) hay tareas –intentó explicar- que se van hacer en este gobierno y otras tendrán que hacerse en gobiernos sucesivos” (27/07/16).
Pocos días antes de la manifestación, el ministro Valdés en una reunión con los parlamentarios de la Nueva Mayoría que forman parte de las comisiones económicas del Congreso, había expresado explícitamente que en el tema de las AFP, así como en el de las isapres, no se avanzaría en modificaciones sustanciales, porque no habría “piso político” (12/07/16) que en su visión se obtiene de acuerdo con quienes se han aprovechado del sistema. El 24 de julio indicó que el “piso político” se lograría recogiendo y asumiendo los sentimientos ciudadanos mayoritarios, lo cual jamás buscó hacerse.
La AFP estatal puede representar algunas ventajas, pero como se concibe compitiendo dentro del sistema de las AFP no incide en la exigencia central efectuada. Por lo demás, es una medida que se proyectó inicialmente para implementarla en los primeros cien días de la segunda administración de Michelle Bachelet. No se hizo. Al momento de efectuarse la movilización del 24 de julio completaba ya más de dos años de estar en el Congreso el respectivo proyecto de ley, al cual en los días anteriores se le había quitado la urgencia. Ahora vuelve a hablarse de ponerle urgencia.
De otra parte dejar trazada una hoja de ruta no está a la altura de las exigencias, salvo que se orientase concretamente a cómo avanzar al término de las AFP, no a partir de un futuro gobierno, que desde luego tendrá sus propias prioridades. Actuar así, señaló con razón el diputado democratacristiano Aldo Cornejo, “es un profundo error político. Cuando hay un gobierno en el 20% y tiene esta oportunidad espectacular de demostrar que está comprometido con un tema tan sentido por la gente –recalcó-, es un profundo error dejarlo pasar” (08/08/16). Sin embargo así se actúa.
El tema es muy trascendente. “Internarse en el campo de las AFP –como escribió el analista político Ernesto Águila– no es solo abordar el tema de la seguridad social sino tocar una de la teclas más íntimas del modelo económico. Un asunto en el que se mueven poderosos intereses. El liderazgo –concluyó- que se atreva a correr los riesgos de ponerse a la cabeza de manera creíble de este tema puede hacer la diferencia en medio de la fragmentación y del descrédito político actual” (27/07/16). El balance es que el gobierno no se ha puesto a la cabeza de esta exigencia, con seguridad para no enfrentarse con los poderosos intereses que defienden la mantención del sistema.
Al intensificarse la discusión sobre la necesidad de adoptarse medidas concretas, Valdés reiteró que el gobierno “no va a hipotecar lo que ha construido durante décadas, que es una macroeconomía sólida. Lo que no vamos a hacer en este gobierno es algo populista, que arriesgue las finanzas públicas hacia adelante” (03/08/16). La propuesta inicial del Ejecutivo fue tan marginal para responder a las demandas efectuadas que rápidamente empezó hablarse de la necesidad de una ley corta para producir mejoras en algunos temas concretos como los de los mecanismos solidarios que tienen la abierta resistencia del ministro de Hacienda, pero dejarían nuevamente sin tocar el sistema de AFP.
La manifestación del 24 de julio confirma que existen reformas estructurales de fondo, cuando el ministro Valdés ha expresado que ellas ya se habrían concluido (1). En una formulación muy similar, el secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, caracterizó la gestión económica efectuada como expresión de un “modelo de crecimiento dinámico, que nos ha traído tanta prosperidad, (que) comienza con Hernán Büchi, no con la Concertación. Él entendió – agregó Eyzaguirre- que había que tener un modelo exportador, una política monetaria responsable que anulara la inflación, una economía privada, un sistema tributario que fomentara el ahorro, y esas cosas se profundizaron durante la Concertación” (2). De planteamientos de esta naturaleza surge necesariamente la formulación de si estas visiones son las explicativas de que la Comisión Ministerial que debía efectuar propuestas a partir de los informes de la Comisión Asesora Presidencial no las haya efectuado hasta ahora, incluso en temas tan evidentes como incrementar la Pensión Básica Solidaria, que está en $93.593, implicando un gasto de unos US$1.800 millones equivalentes al 0,7% del PIB, y el Aporte Previsional Solidario que tiene como tope $364.019.
El ministro frente a las exigencias efectuadas sostuvo que “es un tema en el cual no existen soluciones mágicas. Recalcando que hoy día el fisco “no tiene fondos para hacer un aporte sustancial el sistema. (…) tenemos que vivir como país dentro de los medios que tenemos”. Estas afirmaciones se destruyen si se decidiesen enfrentar transformaciones de fondo. La propuesta C de la Comisión Previsional que entregó propuestas a la Presidenta de la República sostiene apoyándose en fundamentos sólidos, que la formulación entregada poniendo fin al sistema de AFP, no implica más gasto público sino en definitiva conduciría a una importante ahorro fiscal. El mecanismo existente, ha señalado Manuel Riesco, vicepresidente de Cenda, extrae “recursos de los salarios y del fisco, que pagan dos billones de pesos en subsidios monetarios al año”. En cambio, añadió, “las AFP recaudaron en abril $500.000 millones, solo en cotizaciones obligatorias, y pagaron $200.000 millones y eso lo vienen haciendo todo los meses desde que se crearon” (03/07/16). Es una realidad que debe revertirse.
Pero hay más. Uno de los dos fondos soberanos existentes en el exterior, generados con superávit fiscales logrados en años de elevados precios del cobre, es el Fondo de Reserva Previsional conformado precisamente pensando en los recursos que requeriría el fisco para solventar este gasto a futuro. Lo inconcebible es que habiéndose registrado en estos años un elevado gasto fiscal con fines previsionales, este fondo nunca se haya utilizado. Por otra parte, gobernar sin enfrentarse con los abusos cometidos por la AFP ha implicado concederles beneficios tributarios enormes. Es lo acontecido con las fusiones fantasmas de AFP al cual recurrieron los consorcios financieros norteamericanos Principal Financial Group y MetLife, lo que les permitió reducir sus impuestos a cancelar en US$410 millones, con el visto bueno de la Superintendencia de Pensiones y un Ejecutivo que se ha hecho a un lado dejando que el conflicto lo resuelvan “instancias técnicas”, cuyo actuar ha merecido incluso observaciones de la Contraloría General de la República. Por su parte, las grandes organizaciones empresariales y las principales cadenas de comunicación han reiterado su total apoyo al sistema de AFP.
Finalmente, la Presidenta después de una reunión efectuada el 4 de agosto con su Comité de Ministros, reiteró que “vamos a darle urgencia a la AFP estatal”, reconociendo explícitamente que ello “no resuelve todos los temas (…) mientras tanto estamos trabajando también en una propuesta que permita mejorar el sistema (…) un poquito más allá de la AFP estatal,”, cuando la exigencia nacional es producir transformaciones de fondo. Luego, repitiendo la afirmación del ministro Valdés, declaró en entrevista radial que “no podemos caer en populismos y prometer cosas que no podemos cumplir”. Anunciando que en el corto plazo espera dar a conocer una propuesta concreta. Lo que es claro –detalló- es que ya nunca más podremos volver a un sistema como el de reparto, porque la natalidad va disminuyendo y estamos viviendo más años” (07/08/16). Ello aunque las cifras demuestran que la realidad del país permite sostener por largos años el sistema de reparto.
Rápidamente sus declaraciones fueron valoradas por el presidente de la Asociación de AFP, Rodrigo Pérez Mackenna, el exministro del gobierno de Piñera. “Nos parece bien –dijo- porque despeja algunas dudas que había. Además –destacó especialmente-, compartimos el diagnóstico de que los cambios demográficos del país hacen inviable volver a un sistema de reparto” (07/08/16). Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP respondió que “mientras se siga insistiendo en la permanencia de las AFP, seguimos movilizados”. Y, por tal motivo hicieron un llamamiento a hacer sonar cacerolas “hasta que se escuche en La Moneda. (…) no podrán hacernos callar hasta que conquistemos un verdadero sistema previsional, uno de reparto solidario (…) como el que nos merecemos” (07/08/16).
Por Hugo Fazio
OPECU Prensa – 20.AGO.16
Fuente – Foto: El Ciudadano (elciudadano.cl) / por Hugo Fazio
