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Pleno aprueba ley de delitos informáticos

Por Opecu
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Fue exonerada de segunda votación. Norma sancionará con hasta 10 años de prisión el espionaje electrónico, estafas, copia ilegal de software, a los sujetos que capten a menores con fines sexuales, entre otros.
El Pleno del Congreso hoy por unanimidad el proyecto de ley de delitos informáticos, que establece penas de entre uno a diez años de prisión para quienes incurran en la comisión de actos ilícitos como la copia ilegal de software, estafas electrónicas, entre otros.
Los que distribuyan programas que faciliten acceso ilícito a datos también serán sancionados.
El dictamen aprobado, exonerado de segunda votación, tipifica y define sanciones para diversos casos y situaciones vinculadas al delito informático. Entre estas también se encuentran el fraude mediante computadoras, ‘pishing’, robo de contraseñas, espionaje, infracción de derechos de autor, uso ilegítimo de sistemas y delitos contra la privacidad.
El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, quien sustentó la propuesta legislativa, explicó que en caso una persona sin autorización afecte datos informáticos o de usuario, el funcionamiento de un sistema o a una red informática o de telecomunicaciones, recibirá una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años.
El delito contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones en el ámbito informático recibirá no menos de dos ni más de cinco años de prisión y si esta figura es agravada, la pena oscilará entre diez y cinco años de cárcel.
Asimismo, quienes contacten con menores de hasta 14 años de edad con fines sexuales serían sancionados con una pena de prisión de 4 a 8 años; mientras aquellos que incurran en la interceptación de información clasificada como secreta, confidencial y que comprometa la seguridad nacional, se establecen penas privativas de la libertad de ocho a diez años.
De igual forma aquellos que desarrollen y distribuyan programas que faciliten el acceso ilícito a datos informáticos, recibirán castigos que van entre uno a cuatro años de prisión.
El proyecto había generado controversia ya que diversos especialistas consideraron que vulneraba los derechos a la privacidad y amenazaba la libertad de información en la red.

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