Gobierno debería renegociar contrato del Gasoducto al sur

Gobierno debería renegociar contrato del Gasoducto al sur

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El ingreso del GSP no solo originará una considerable alza en las tarifas eléctricas sino que unido a otras intervenciones del Estado en el sector, están generando una serie de distorsiones y deficiencias en la asignación de recursos

mromerocarogestion11ago16“Tanto Odebrecht como los prestamistas tienen quien defienda sus intereses; pero ¿quién defiende los intereses de los consumidores?”

En la edición del Martes 9 explicamos que los consumidores eléctricos tendremos que entregar más de 11,000 millones de dólares en subsidios por el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Asimismo el ingreso del GSP no solo originará una considerable alza en las tarifas eléctricas (lo que haría inviable la promesa electoral de PPK en el sentido que en su gobierno no se iba a elevar dicha tarifa) sino que unido a otras intervenciones del Estado en el sector, están generando una serie de distorsiones y deficiencias en la asignación de recursos.

Al extremo que en su primera manifestación a los medios, el nuevo ministro de energía (MEM) enfatizó que “el mercado eléctrico está muy desordenado” (Gestión 08.08.16 – pág. # 20 y pág. # 21.) De otro lado, teniendo en cuenta la considerable magnitud de los futuros incrementos de tarifas eléctricas (por el GSP y otros proyectos) llegará un momento en que la presión ciudadana frente a los aumentos será muy intensa, y se solicitaría que el Tesoro Público asuma dichas obligaciones (ya se viene planteando pero todavía muy tímidamente), y ya sabemos cómo reaccionan los gobiernos antes las movilizaciones sociales. Por lo que eventualmente se podría ceder; con lo que las metas de déficit fiscal para el 2017 y 2018 anunciadas por Alfredo Thorne, no podrían ser alcanzadas, con las negativas consecuencias que eso acarrearía.

La renegociación

Por lo que resulta muy importante que el Gobierno renegocie el contrato del GSP, sobre todo en estos momentos en que el Grupo Odebrecht está muy necesitado de liquidez para afrontar una serie de problemas derivados de los importantes problemas judiciales que enfrenta. El GSP, a solicitud de los Bancos, requiere que el gobierno apruebe y firme una Adenda de Bancabilidad. Sin embargo el MEM Tamayo ha manifestado que ellos no negociarían mientras Odebrecht (Odb) controle el GSP, argumentando además que los dispositivos legales vigentes establecen que durante los 3 primeros años de concesión solo se permite que se efectúen cambios relativos a la corrección de errores materiales; al cierre financiero y a ciertos aspectos operativos. En efecto, el DS 410-2015-EF establece lo anterior. Sin embargo frente a la magnitud de los problemas que se presentarían, el Gobierno debería modificar el DS 410 a fin de posibilitar una renegociación bilateral y una disminución de los irracionales niveles de subsidio pactados. Tanto Odebrecht como los prestamistas tienen quien defienda sus intereses; pero ¿quién defiende los intereses de los consumidores?. Se supone que sea el gobierno de turno. Obviamente este no fue el caso durante el gobierno anterior; ¿PPK y/o el gabinete Zavala defenderán los intereses de los consumidores o nuevamente quedarán desamparados?

De otro lado hay un aspecto que podría complicar la aprobación de la Adenda. Se trata de una manifestación de David San Frutos, CEO del GSP en reemplazo de Odb, quien informó que los bancos extranjeros “solicitaron iniciar un proceso que asegurase que el consorcio no tuviera ningún vínculo con el caso de corrupción en Brasil”. (Gestión 25.04.16/página # 4). Sobre este tema fuentes del sector informaron que Odb habría contratado a dos Bancos de inversión y dos estudios de abogados extranjeros “de primer nivel” para que certificasen que el GSP había actuado legal y correctamente para obtener la concesión del GSP, lo que se habría obtenido. Y le correspondía haber hecho algo similar al gobierno peruano, pero hasta el cambio de gobierno el MEF se habría negado a gestionar dicho requerimiento. Aparentemente el problema sería la preocupación que en una eventual delación premiada del ex Presidente de Odb, Marcelo Odebrecht, este pueda revelar alguna ilegalidad en el otorgamiento de la concesión. ¿Qué pasaría si el Gobierno emitiera ese certificado de buena conducta, aprobara la Adenda de Bancabilidad, la suscribiera y luego, fruto de las investigaciones de la Policía Federal de Brasil, de la Fiscalía o de una delación premiada se descubriera que hubo dolo?

Es que la solución de la problemática del GSP es una verdadera “papa caliente” que le ha dejado el gobierno de Humala a PPK. Es por ello que tanto él como Alfredo Thorne intentaron infructuosamente que el ex MEF Alonso Segura aprobara la Adenda pendiente. Lo que sucedió es que el ministro Segura, consciente de los riegos involucrados en dicha firma, fue postergando y postergando la firma de la Adenda del proyecto favorito de la pareja presidencial por varios meses hasta el cambio de gobierno. Por lo que se recomienda que el Gobierno renegocie el contrato del GSP. El destrabe de los megaproyectos no puede hacerse a cualquier costo para los consumidores.

OPECU Prensa – 11.AGO.16

Fuente – Foto: Gestion.pe

Nota de Redacción.- Los intereses económicos de los consumidores deben ser protegidos  adecuadamente por el Estado, como así lo establece la Constitución Política del Perú y el Código de Protección y Defensa del Consumidor. En consecuencia, instamos al Estado y a las autoridades de turno a cumplir con sus funciones y velar por nuestros derechos que, día a día, son vulnerados debido a la desidia estatal y el desinterés de sus funcionarios en fiscalizar y supervisar el correcto funcionamiento del mercado con la transparencia que es fundamental para fortalecer las relaciones de consumo y la confianza del consumidor.      

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